Quito, (Quito Informa).- Este martes 22 de septiembre, el Concejo Metropolitano inició el primer debate del Proyecto de Ordenanza a través de la cual se incorpora la reversión y redistribución de las habilitaciones operacionales del transporte escolar e institucional.
El objetivo de la normativa es regular el procedimiento administrativo para la reversión, administración y redistribución de las habilitaciones operacionales que han sido terminadas, facultando al Municipio a planificar y reasignar la oferta existente hacia operadoras y sectores del Distrito Metropolitano (DMQ) que acrediten la necesidad y disponibilidad de flota, sin incrementar el parque automotor. El proyecto de ordenanza se dio por conocido en primer debate.
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La concejala Cristina López indicó que, con la Ordenanza, mediante un procedimiento administrativo sancionador, una habilitación operacional puede terminar y retornar al Municipio. “Actualmente, no existe un procedimiento claro que permita que estas habilitaciones regresen al sistema de transporte escolar e institucional y carga liviana”.
López recalcó que “la propuesta incorpora sanciones administrativas claras para casos en los que incurran en siniestros de tránsito con personas fallecidas o lesionadas, o la conducción en estado de embriaguez, fortaleciendo la seguridad y la responsabilidad en la prestación del servicio de transporte”.
Con respecto al sistema escolar, la concejala López indicó que el proyecto de ordenanza permite que las habilitaciones puedan cambiarse entre operadoras, bajo requisitos y controles, generando mayor flexibilidad y oportunidades de trabajo.
De acuerdo a la exposición de los concejales proponentes, el proyecto de ordenanza establece tres cambios concretos:
- Seguridad: fortalecer las sanciones frente a conductas que ponen en riesgo la vida de usuarios y peatones.
- Volver a servir: permite que las habilitaciones terminadas vuelvan al sistema cuando exista la necesidad siguiendo un proceso para volver a asignarla. No se crean nuevos cupos, sino que se administra de mejor manera los ya existentes. Tampoco se pretende aumentar el parque automotor.
- Mayores oportunidades: permite cambios de operadoras en el transporte escolar e institucional, con requisitos y controles.
Cristina López enfatizó en que la ordenanza no aplica a la modalidad de taxis.
La propuesta establece la creación de un Banco de Habilitaciones Operacionales, gestionado y administrado por la Agencia Metropolitana de Tránsito, con el cual se registrarán las habilitaciones existentes, se controlará la situación de éstas y se reasignarán por medio de un mecanismo regulado en la Ordenanza.
Según los proponentes, la ciudadanía gana con esta redistribución de habilitaciones, que permite que el servicio de transporte aumente en los sectores donde haga falta. Los transportistas se verán beneficiados con más oportunidades de trabajo de forma legal. El Municipio tendrá mejores herramientas para ordenar el transporte.
Edgar Insuasti, presidente de la Federación de Transporte Escolar e Institucional de Pichincha, recalcó que “hay sectores periféricos de la ciudad a los que no hemos podido brindar el servicio de transporte. La informalidad se ha incorporado a nuestra actividad digna. Lo único que solicitamos es que las habilitaciones que se perdieron por muchos años regresen a cada operadora para dar una movilidad con seguridad a los niños”.
Posición de concejales
Analía Ledesma señaló que “es verdad que el transporte público y comercial ha sufrido durante décadas por la falta de la presencia del Estado abriendo paso a monopolios, la especulación y un mercado negro que ahoga al chofer de a pie y los condena a las rutas menos rentables”.
El presidente de la comisión de Movilidad indicó que “redistribuir los cupos y las habilitaciones operacionales de las diferentes cooperativas permitiría que se tenga una cobertura más adecuada según la demanda”.
