Quito (Quito Informa). – El Municipio de Quito y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), consolidaron de manera oficial la Agenda Territorial de la Ruralidad para la Igualdad de Género de la capital. Este documento representa un hito normativo y social porque visibiliza a las mujeres rurales en sus roles fundamentales como productoras de alimentos, cuidadoras de la vida, guardianas de saberes ancestrales y defensoras de la naturaleza; además de crear una hoja de ruta que alinea la planificación municipal y los presupuestos locales con las demandas comunitarias.
Siete ejes para transformar el territorio
La Agenda surge para corregir una deuda histórica, el olvido de las particularidades del campo dentro de los planes homogenizados de desarrollo local, y se desarrolla en siete ejes integrales:
- Educación y conocimiento.
- Salud, derechos sexuales y reproductivos.
- Economía, empleo y medios de vida (para garantizar la autonomía económica femenina).
- Cuidado humano, reproducción y sostenibilidad de la vida.
- Vida libre de violencia de género.
- Participación política y ciudadana.
- Ambiente, territorio y cambio climático (para la resiliencia comunitaria).
La Secretaría de Inclusión Social del Municipio transversalizará de forma efectiva estos enfoques de derechos, cuidado y protección en todas las dependencias municipales, asegurando el engranaje con los fondos gestionados en las parroquias. Además, para potenciar su alcance y publicación, se estableció una alianza estratégica clave con ONU Mujeres.
¿Cómo nació la Agenda?
Este hito normativo y social nació tras la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional en diciembre de 2025. Su validación se logró mediante un intenso proceso participativo desarrollado entre febrero y agosto de 2026. La Agenda recoge las propuestas de 380 mujeres de la ruralidad pertenecientes a las administraciones zonales de Calderón, Tumbaco, Valle de los Chillos, Eugenio Espejo (Ruta Escondida), Chocó Andino, Eloy Alfaro (Lloa) y La Delicia (Pomasqui y San Antonio).
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Esta política pública se implementa en el marco del desarrollo rural impulsado por el Municipio de Quito, el cual ha incrementado su presupuesto a USD 20 millones. Estos recursos son transferidos de manera directa a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales para financiar obras de infraestructura vial, servicios básicos y conectividad. Toda asignación y proyecto está estrictamente validado mediante sistemas de participación ciudadana comunitaria, lo que garantiza que el dinero público responda a las necesidades reales de los habitantes.
Datos clave: La realidad de la ruralidad en Quito
- Población y territorio: el área rural representa el 89,9% del territorio total del Distrito Metropolitano de Quito (PUGS, 2024). Alberga a 916.447 habitantes (34% de la población total de la capital), donde las mujeres constituyen el 52% (471.994) frente al 48% de hombres (INEC, 2022). Esta mayoría demográfica se traduce directamente en una severa sobrecarga dentro de los sistemas locales de cuidados familiares.
- Identidad y soberanía: el sector rural concentra 66 de las 70 comunas ancestrales de la capital y produce de manera directa el 5% del abastecimiento agrícola que consume Quito.
- Radiografía de la violencia de género: el diagnóstico territorial identificó tres escenarios críticos con dinámicas estructurales alarmantes:
- Los Chillos (68,5%): zona sur-urbana donde la rápida expansión de la urbe fractura el tejido comunitario e incrementa los índices de violencia intrafamiliar.
- Eloy Alfaro – Parroquia Lloa (65,7%): sector periférico donde el aislamiento geográfico y la escasa presencia de servicios de protección institucional elevan la vulnerabilidad de las víctimas.
- Chocó Andino (41,4%): territorio de alta dispersión geográfica bajo alerta técnica de subregistro. La falta de conectividad digital y la normalización sociocultural invisibilizan la magnitud real del problema.
