Quito (Quito Informa). – La Agencia Metropolitana de Control (AMC), junto con el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Policía Nacional, clausuró un centro clandestino de rehabilitación para personas con consumo problemático de alcohol y otras sustancias sujetas a fiscalización en Calderón, al norte de Quito. Durante la intervención se encontraron 48 personas internadas, entre ellas dos menores de edad, y al menos 10 aseguraron que permanecían en el lugar en contra de su voluntad.
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Los internos denunciaron que uno de los presuntos métodos de terapia consistía en colocarles toallas mojadas sobre el rostro para asfixiarlas.
Según varios documentos encontrados en la oficina del administrador, los familiares pagaban hasta USD 500 mensuales por un supuesto tratamiento. Sin embargo, el establecimiento no contaba con profesionales capacitados ni instalaciones adecuadas y, de acuerdo con los testimonios recabados, las denominadas terapias incluían presuntas agresiones físicas.
Antes de la inspección, las personas encargadas se negaron a permitir el ingreso de los funcionarios de control e intentaron huir a través de predios aledaños. La resistencia no impidió la intervención ni la clausura del establecimiento.
Además, la Policía Nacional aprehendió a una persona que tenía una boleta de captura, mientras que la Dirección Nacional de Investigación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) se encargó de la seguridad de los dos menores de edad.
Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, recordó que los centros de rehabilitación que funcionan sin los permisos correspondientes podrían enfrentar una multa superior a USD 4.000.
En 2025, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró 24 centros de rehabilitación clandestinos. En lo que va de 2026, ya se registran 11 clausuras, como parte de los operativos permanentes para combatir el funcionamiento de estos establecimientos irregulares.
Entre los hallazgos más frecuentes constan personas hacinadas, presuntos casos de maltrato, armas, sustancias sujetas a fiscalización e incluso ciudadanos que constaban como desaparecidos.
