Quito (Quito Informa). – En lo que va de 2026, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ha clausurado 19 centros de rehabilitación clandestinos en Quito, de los cuales nueve funcionaban en Calderón (norte), lo que representa casi la mitad del total (47%).
Durante este período, la AMC ha iniciado 22 procedimientos administrativos sancionadores contra estos establecimientos y ha impuesto más de USD 45.700 en sanciones por incumplimientos a la normativa municipal.
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“Durante los controles hemos encontrado personas en condiciones de hacinamiento e insalubridad, además de alimentos y medicamentos caducados, lo que pone en riesgo la salud y la integridad de quienes buscan ayuda para superar una adicción”, señaló Mónica Vaca, supervisora encargada de la AMC.
A estos hallazgos se suman armas, sustancias sujetas a fiscalización y presuntos casos de maltrato, situaciones que requieren la intervención de las autoridades competentes para proteger a las personas internadas e investigar posibles vulneraciones de derechos.
En distintos operativos también se han identificado menores de edad en condiciones irregulares y personas retenidas contra su voluntad, entre ellas ciudadanos que habían sido reportados como desaparecidos.
Algunos de estos centros funcionan en viviendas adaptadas sin las autorizaciones correspondientes, donde se ofrecen servicios de rehabilitación sin garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes permanecen en su interior.
Además de las nueve clausuras registradas en Calderón, se ejecutaron cinco en Los Chillos, dos en Quitumbe y una en cada una de las administraciones zonales Eloy Alfaro, La Delicia y Tumbaco.
En 2024, la AMC inició 19 procedimientos sancionadores y ejecutó 10 clausuras, mientras que en 2025 registró 27 procedimientos y 24 clausuras, más del doble que el año anterior.
Para los centros de rehabilitación de categoría II, las multas contempladas van de cinco a ocho salarios básicos unificados, equivalentes a entre USD 2.410 y USD 3.856.
“Las familias que buscan ayuda para un ser querido necesitan la tranquilidad de saber que está en un lugar seguro y recibe atención adecuada, por eso controlamos estos establecimientos para proteger la salud, la integridad y la dignidad de las personas en proceso de rehabilitación”, destacó Vaca.
